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Desde los años 60, el sistema de la universidad pública argentina se fue extendiendo y diversificando por todo el territorio nacional. En el contexto de la sociedad argentina, esta distribución se hizo, por momentos, compleja. A partir de los años 90, se fue incrementando la demanda de acceso a la educación superior por parte de la población joven debido a la falta de oportunidades laborales, esto genera que se prolongue la escolaridad, según explican algunos especialistas, “en espera de mejores condiciones”. La matrícula en el año 1985 promediaba los 500 mil estudiantes, mientras que en una década posterior -año 1995- superaba los 800 mil (elaboración en base a los datos de la SPU (DIU)).  En la actualidad, la población estudiantil de las universidades públicas es de 1,5 millón (2017). 


Constantemente surgen ciertos interrogantes acerca de la permanencia e inclusión que las universidades públicas deben atender en función de garantizarle a la población estudiantil, no sólo la educación superior gratuita, también la equidad e igualdad de oportunidades. El artículo 14 de la Constitución Nacional señala a la educación como derecho y como bien social: el derecho a enseñar y a aprender. Por su parte, la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI, consigna que la educación es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, por lo que deberá ser accesible para todos a lo largo de toda la vida. 


Por ello, las áreas dedicadas a los asuntos estudiantiles (Bienestar Universitario o Bienestar Estudiantil, denominación que varía según la universidad) trabajan constantemente en establecer políticas que posibiliten la permanencia y, posterior, graduación de los estudiantes.


Nadie puede dudar que el actor principal de la vida académica es el estudiante, por lo que resulta muy importante establecer acciones y servicios que promuevan no sólo su contención y la garantía de la gratuidad, además se pueda establecer las bases de la equidad de la enseñanza pública.


El rol efectivo que cumplen las áreas de Bienestar responden a la mejora efectiva de la igualdad de oportunidades, lo que promueve, en definitiva, es a la movilidad social.


En marzo de 2007, se crea en San Luis mediante un acta plenaria de los miembros del Consejo Universitario Nacional (CIN) la red de responsables de las áreas de bienestar universitario y asuntos estudiantiles con el fin de promover acciones que tiendan a la igualdad de oportunidades, generen relaciones de solidaridad y cooperación con otras instituciones.