Por Aníbal Sattler
Estoy convencido de que el principal desafío al interior de las instituciones consiste en fortalecer las propuestas de bienestar universitario con la consigna ineludible de la inclusión. Esto implica saber sortear debates tramposos que se tiñen de ideológicos pero solo resultan funcionales a aquellos sectores beneficiados con el modelo excluyente que impera. Decididamente, debemos volver a mirar hacia adelante para dotar de un carácter inclusivo a las políticas de bienestar, lo que traerá aparejado la renovación de las expectativas de los estudiantes que eligen formarse en la universidad pública (y de aquellos que hoy no están ni siquiera pudiendo elegir cómo vivir).
Las instituciones universitarias podemos ser creativas para encontrar nuevas maneras y recursos que nos permitan desplegar estrategias de inclusión. Podemos, también, redoblar esfuerzos para mejorar diversos aspectos de nuestro funcionamiento. La voluntad política de los rectores está firme en el objetivo de avanzar por un camino que fue beneficioso y expansivo para el sistema universitario en años anteriores.
No obstante, para reforzar la idea de que estudiar una carrera universitaria sí tiene sentido, sí contribuye a la formación humana integral y sí aporta al crecimiento y desarrollo del país, hace falta algo crucial: la implementación de una política de Estado para la educación superior, activa y conducente, clara y estratégica. No podemos suplantar con voluntarismo la decisión política de un Estado que debe garantizar la educación superior como un derecho.
Tal vez tengamos que insistir con las declamaciones: el bienestar universitario (y la educación toda) no es un gasto, es una inversión. La vida universitaria, el valor que esta tiene en el desarrollo cultural de la Nación, no puede reducirse a cifras que solo contemplan el rendimiento en el aula, el presentismo o los índices de egreso. Claro que son variables importantes y hay mucho que trabajar en ello, pero siempre bajo criterios de inclusión y con el aporte y el soporte indispensable de una gestión estatal que acompañe estas convicciones.
Será fundamental, entonces, reforzar nuestra tarea para que aquellas personas a quienes la crisis las golpea de modo más directo puedan, cuanto menos, plantearse la posibilidad de estudiar en la universidad; y que la universidad sepa y pueda contenerlas en el ingreso, acompañarlas para una permanencia favorable y un egreso que les permita concebirse de manera razonable en un proyecto de país. Pero más importante aún será el compromiso de quienes administren y gestionen los recursos del Estado para dotar a las instituciones universitarias del financiamiento necesario para que esas premisas sean posibles".